Durante más de dos décadas, he trabajado para proteger a los niños de la explotación en línea, primero como comandante del Grupo de Trabajo sobre Delitos contra Niños en Internet de Nueva Jersey; luego, como director ejecutivo y cofundador de Raven (una organización sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra la explotación infantil), y ahora dirigiendo el área de aplicación de la ley y políticas de seguridad en Snap Inc. En esos roles, he investigado a depredadores de menores, trabajado con sobrevivientes y sus familias, contribuido al desarrollo de políticas de protección infantil y testificado ante el Congreso sobre la explotación en línea y la tecnología.

Hay una lección que se ha mantenido sorprendentemente constante: cuando se impide que las personas utilicen un entorno en línea, rara vez dejan de conectarse. Simplemente se mueven a otro lugar. 

Esa realidad debería ocupar un lugar central en el debate actual sobre las propuestas para prohibir que los adolescentes usen las redes sociales. Muchos de quienes promueven este tipo de propuestas comparten el objetivo de hacer que los jóvenes estén más seguros en línea. La pregunta es si estas políticas en realidad lograrán ese resultado.

El problema de la migración

Durante las investigaciones encubiertas dirigidas contra depredadores sexuales de menores y redes de explotación, observé una y otra vez el mismo patrón. Cuando una plataforma mejoraba su capacidad para detectar comportamientos potencialmente dañinos, los delincuentes se adaptaban. Cuando la moderación mejoró, se mudaron. Cuando la presión de las fuerzas de seguridad aumentó, cambiaron. Cuando las medidas de seguridad dificultaban operar abiertamente, buscaban espacios con menos reglas, menor supervisión y protecciones de seguridad más débiles.

La misma dinámica se aplica a los jóvenes.

Un adolescente que quiere comunicarse en línea no pierde de repente ese deseo porque una ley le prohíba acceder a un servicio popular y ampliamente utilizado. Los jóvenes ingeniosos buscan alternativas. La historia ha demostrado esto una y otra vez. Desde salas de chat anónimas hasta plataformas alojadas en el extranjero, los usuarios encuentran otras vías cuando se imponen restricciones. Los adolescentes no son diferentes.

Internet no va a desaparecer. La comunicación digital tampoco. La pregunta no es si los jóvenes se conectarán. La pregunta es a dónde irán.

No todas las plataformas son iguales

Uno de los mayores errores en este debate es asumir que todos los servicios en línea presentan el mismo nivel de riesgo. No lo hacen.

Algunas plataformas, como Snapchat, han invertido considerablemente en infraestructura de confianza y seguridad, diseño adecuado para cada edad, herramientas para padres, detección proactiva, sistemas de denuncia, moderación de contenidos y cooperación con las fuerzas del orden. Estos sistemas no son perfectos, y tampoco lo son los enfoques fuera de internet para proteger a los niños. Pero cuando se diseñan adecuadamente, las herramientas de seguridad en las plataformas pueden ser más escalables, más consistentes y estar mejor preparadas para facilitar la detección temprana, la notificación y la intervención, en comparación con muchos enfoques tradicionales. Sin embargo, crean algo esencial: la capacidad de detectar el riesgo y responder a él.

Esa capacidad permite la intervención y la generación de informes. Permite la rendición de cuentas. La capacidad de detectar y responder a riesgos reales brinda a los padres, a las plataformas y a las fuerzas del orden más oportunidades para identificar conductas peligrosas y actuar antes de que el daño se agrave o incluso llegue a producirse.

Esto es importante porque, cuando los jóvenes son desplazados de plataformas responsables y comprometidas con la seguridad, no pasan a un entorno neutral. En muchos casos, terminan en espacios más riesgosos, con poca o ninguna moderación, o alojados en jurisdicciones que pueden dificultar las investigaciones de las fuerzas del orden. En esos entornos, los padres, las plataformas y las autoridades cuentan con menos herramientas para responder con rapidez.

Cómo se ven las inversiones en seguridad en la práctica

Mi trabajo actual ha reforzado esta misma lección.

En Snap, he visto cómo una empresa busca integrar funciones de seguridad directamente en la experiencia del producto, en lugar de tratar la seguridad como algo secundario. Para los usuarios más jóvenes, esto incluye decisiones de diseño y medidas de protección pensadas para reducir los riesgos, no solo para reaccionar ante ellos. Incluye configuraciones predeterminadas más estrictas para los adolescentes, limita la exposición masiva y desarrolla herramientas que brindan a las familias una mejor comprensión de cómo los jóvenes utilizan el servicio.

Igual de importante, refleja un principio fundamental que los responsables de formular políticas deben tener presente: existe una diferencia significativa entre mantener a los adolescentes en entornos que cuentan con sistemas de seguridad, canales de denuncia, herramientas para padres y mecanismos de rendición de cuentas, y empujarlos hacia espacios donde esas protecciones pueden no existir en absoluto.

El Centro familiar de Snapchat es un ejemplo de esa filosofía. Brinda a los padres y cuidadores mayor visibilidad sobre con quién se comunica su adolescente, los nuevos amigos que ha agregado, cómo utiliza Snapchat, determinados ajustes de privacidad y seguridad, las opciones para compartir la ubicación y otras señales que pueden ayudar a las familias a detectar posibles preocupaciones de forma temprana e iniciar conversaciones a tiempo. Esas herramientas no eliminan todos los riesgos. Pero crean visibilidad y oportunidades para intervenir.

La consecuencia no prevista que los responsables de formular políticas deben considerar

La premisa central de muchas propuestas de prohibición por edad es que impedir que los menores accedan a las principales plataformas elimina el riesgo.

Mi experiencia sugiere algo diferente. El riesgo no desaparece. El riesgo se reubica.

Los responsables de formular políticas deberían centrarse menos en mantener a los jóvenes alejados de las plataformas y más en hacer que estas sean más seguras. Eso implica diseñar productos con protecciones adecuadas para cada edad, ofrecer a los padres herramientas realmente útiles, invertir en equipos de confianza y seguridad, fortalecer los sistemas de denuncia y detección, colaborar con las fuerzas del orden, aumentar la transparencia y garantizar que los jóvenes reciban educación en alfabetización digital. Estas medidas abordan los riesgos de forma directa, al tiempo que proporcionan herramientas eficaces para identificar problemas e intervenir antes de que cualquier daño se agrave.

Seguridad en lugar de simbolismo

Proteger a los jóvenes en línea es uno de los mayores desafíos de política pública de nuestro tiempo. Pero una política eficaz requiere más que buenas intenciones. Requiere comprender cómo se comportan realmente las personas.

Mi experiencia investigando la explotación infantil, participando en operaciones encubiertas, dirigiendo una organización dedicada a la seguridad infantil, testificando ante el Congreso y, ahora, trabajando en una empresa tecnológica me ha llevado a una conclusión: los niños merecen experiencias en línea más seguras, no políticas que simplemente los aparten de la vista.

La respuesta no consiste en alejar a los jóvenes de las plataformas que ya han realizado importantes inversiones en seguridad. La respuesta es crear y exigir entornos digitales donde la seguridad, la rendición de cuentas y la capacidad de intervenir estén integradas en la propia experiencia. El objetivo no debe ser el simbolismo. El objetivo debe ser la seguridad. Y eso no siempre es lo mismo.

— John Pizzuro, director de Políticas de Seguridad y Relaciones con las Fuerzas del Orden, Snap Inc.